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Fuente: Maribel Hastings y David Torres
03/23/2022

La administración del presidente Joe Biden enfrenta, de una parte, una disyuntiva moral, pero también política, de la otra, ante las demandas por la eliminación del funesto Título 42. La situación es relevante, dada la naturaleza de dicha política establecida por Donald Trump que, a nombre del Covid, impide que migrantes soliciten asilo en Estados Unidos y, en muchos casos, sean repatriados hacia las naciones de las que huyeron. Hacer o no hacer, esa parece ser la cuestión.

Y en ese ir y venir del péndulo de los valores nacionales y los intereses políticos, miles de familias migrantes han sufrido lo indecible ante las puertas de una nación que en el discurso invita a los desvalidos y perseguidos del mundo a ver en Estados Unidos su tabla de salvación, pero que se contradice al momento de poner candados a la posibilidad de una bienvenida.

Es decir, de una parte, médicos, expertos y activistas señalan que es hora de revocar la regulación que ha provocado que miles de inmigrantes que han llegado a la frontera sur para pedir asilo sean retornados a México a enfrentar violencia, prejuicio y todo tipo de vejaciones en sectores de la franja fronteriza, controlados por narcos y pandilleros. Los números, en ese sentido, no mienten: las autoridades de la frontera han utilizado el Título 42 en más de 1.7 millones de ocasiones para expulsar migrantes, según sus propios datos.

Pero ahora, ante la invasión rusa en Ucrania, y con el trato a los refugiados ucranianos, ha quedado plasmado de manera más evidente que se trata de una política pública discriminatoria que no tiene razón de ser. En días atrás una familia ucraniana, con toda razón, fue eximida del Título 42 a su arribo a la frontera sur, de acuerdo con la nueva directriz del DHS, de no aplicar a los ucranianos dicho Título 42 y procesarlos caso por caso, con base en una concesión de un año de libertad condicional humanitaria, además de permitirles vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos de manera temporal.

Sin embargo, familias haitianas y de otras naciones de color son rechazadas y, en muchos casos, deportadas a naciones que no los pueden absorber, pues están plagadas de violencia y miseria. De este modo, el contraste es aún más cruel y discriminatorio, dejando en amplia desventaja a quienes han solicitado asilo no solamente aun antes, sino debido a las mismas razones de extrema violencia en sus naciones de origen, en una guerra no declarada oficialmente, pero sí de manera sistemática, lo mismo por la delincuencia organizada, que por poderes locales alimentados por la corrupción, sin olvidar el nocivo influjo de las pandillas.

Pero de otra parte está la presión política con sus posibles consecuencias en estas elecciones de medio término. Por un lado, los sectores progresistas, así como los grupos pro inmigrantes, le recuerdan a Biden que triunfó gracias al apoyo de comunidades de color que, hasta ahora, no han visto progreso en los temas que defienden y que no ven con buenos ojos una política pública de corte racista, según varios sectores. Quienes ya están tratando de movilizar a los votantes de color, particularmente a los latinos, recuerdan que no hay reforma migratoria y que las únicas noticias que prevalecen son sobre la discriminación de migrantes de Latinoamérica, África, el Caribe y otras regiones, sobre todo los solicitantes de asilo.

Esa indecisión o falta de valor político por cumplir con lo prometido es un potencial caldo de cultivo de futuras rencillas migratorias, que incluso se podría interpretar como el típico recurso de "divide y vencerás", pero que en este caso de ninguna manera conviene a nadie, ni a un partido, ni a las comunidades migratorias, pero sobre todo ni a la propia sociedad estadounidense.


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