Fuente: Coreen Villalobos Mundo
07/13/2022

Raleigh, N.C., 11 de julio de 2022- Los agentes de inmigración no obtendrán cooperación en Carolina del Norte.

Esa fue la decisión que tomó el gobernador Roy Cooper, el pasado lunes, cuando vetó el polémico proyecto de ley SB 101, que obligaría a los alguaciles y demás funcionarios de seguridad estatal a detener a los inmigrantes y cooperar con ICE.

"Esta ley existe solo para ganar puntos políticos y usar el miedo para dividir a los carolinos del norte", dijo Cooper en su mensaje de veto. "Como antiguo oficial superior de la ley del estado, sé que la ley actual ya permite al estado encarcelar y procesar a los criminales peligrosos, independientemente de su estatus migratorio". 

"Este proyecto de ley es inconstitucional y debilita la aplicación de la ley en Carolina del Norte al obligar a los sheriffs a hacer el trabajo de los agentes federales, utilizando recursos locales que podrían perjudicar su capacidad para proteger sus condados", agregó.

La SB 101 "Requerir cooperación con ICE 2.0" es una reedición de la HB 370, vetada por el gobernador en el año 2019.

Por lo tanto, la comunidad hispana, hoy triunfante y jubilosa, puede afirmar que Cooper ha vetado dos veces la intención de representantes republicanos de forzar a las autoridades locales a colaborar con ICE, colocándose -según dicen algunos activistas- del lado correcto de esta ruda historia de estigmatización, persecución y detenciones con motivos racistas que tanto ha lastimado a las familias inmigrantes.

La Alianza por los Derechos de los Inmigrantes, coalición conformada por más de 30 organizaciones de base que defienden los derechos de comunidades minoritarias, especialmente extranjeras, califica la decisión del gobernador Cooper como una gran victoria.

El Pueblo y ACLU figuran como las grandes movilizadoras de actividades de presión política y cabildeo.

Los esfuerzos de los líderes comunitarios han surtido efecto.

Los legisladores se van de receso y, con toda seguridad, se concentrarán en la campaña para las elecciones de noviembre, lo cual pudiera ser una señal de que no intentarán retar el veto del gobernador.

"Estamos muy emocionados y agradecidos con el gobernador. Nosotros estábamos seguros de que iba a volver a vetar este proyecto de ley tan hiriente y dañino para nuestras familias. Esta es una gran victoria de la comunidad", dijo Iliana Santillán, la directora ejecutiva de El Pueblo.

Reconoció que muchas personas estaban preocupadas porque sentían que la SB 101 avanzaba y temieron que sería aprobada finalmente, sin que el gobernador dijera nada. La gente le mandó correos, mensajes, cartas, en medio de la desesperación. 

"Todo esfuerzo valió la pena. El gobernador hizo algo estratégico, al pronunciarse en el último momento. Es tiempo de celebrar que él tomó la decisión correcta", subrayó contenta.

Sin embargo, en medio de la alegría, invitó a latinos e inmigrantes en general a reflexionar en torno a que quienes reeditaron la HB 370 bajo el nombre SB 101 siguen en la legislatura.

"Si queremos que las cosas cambien, tenemos que elegir a representantes que compartan nuestros valores, comprendan nuestra realidad y luchen por las licencias para conducir y la colegiatura estatal para estudiantes DACA o sin estatus", recordó.

"Si se mantiene la misma gente en la legislatura, tenemos que prepararnos para que haya más y peores leyes antiinmigrantes", agregó.

Alguaciles y legisladores

El alguacil del condado de Mecklenburg, Garry McFadden, junto con los alguaciles de los condados de Buncombe y Wake, había ofrecido una rueda de prensa en el Edificio Legislativo de Carolina del Norte para oponerse a este proyecto de ley. 

Aunque no estuvieron presentes en ese encuentro con los medios, los alguaciles de Durham y Forsyth también se han opuesto acaloradamente a este proyecto.

Frente a este panorama, sienten alivio al saber que no enfrentarán sanciones ni multas por ponerse en lo que ellos han considerado "el lado correcto": al lado de las comunidades.

Los legisladores opositores a este proyecto de ley han dicho que sus normas eran potencialmente inconstitucionales y podrían llevar a los alguaciles a ser demandados si ser resistían a mantener a la gente tras las rejas, incluso después de que deberían haber sido liberados, incluyendo a personas inocentes detenidas en casos de error de identidad. 

El representante demócrata Ricky Hurtado, del condado de Alamance, que es el único miembro hispano de la legislatura estatal, dijo que el proyecto de ley perjudicaría la seguridad pública, haría que los hispanos sean menos propensos a colaborar con la policía o a denunciar delitos -por miedo a ser perfilados racialmente- y encerrados, aunque estén aquí legalmente. 

"El mensaje que recibe la comunidad inmigrante cuando ve algo así es que existe el riesgo de ser separados de sus familias, independientemente de su estatus migratorio", dijo Hurtado. "Lo digo con conocimiento de causa porque mi madre, que es ciudadana estadounidense, todavía camina con su identificación y su pasaporte donde vaya por miedo a que se presente un incidente en el que tenga que demostrar que es ciudadana, para asegurarse de que puede volver a casa y ver a su marido e hijos de nuevo", relató.

"Con este veto, gana la comunidad entera", agregó finalmente. 


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