Fuente: Coreen Villalobos Mundo
01/29/2020

Raleigh. N.C., 28 de febrero de 2020- El Tribunal Supremo dio este lunes luz verde al Gobierno para que aplique la norma de "carga pública", por la que puede rechazar los permisos de residencia a migrantes que reciban beneficios públicos, decisión que encendió de inmediato las críticas de organizaciones civiles.

Con una votación de 5-4 en la que prevalecieron los magistrados conservadores, se avaló la aplicación de la norma, que el Ejecutivo anunció en agosto de 2019 y debía entrar en vigor en octubre pero fue bloqueada por las cortes del distrito de Nueva York, California, Washington, Illinois y Maryland.

La polémica norma establece que un migrante legal será definido como "carga pública" si recibe "uno o más beneficios públicos designados" durante más de 12 meses en un periodo de tres años.

Estos beneficios públicos incluyen asistencia alimentaria, vales de ayuda de vivienda y programas que subsidian el elevado costo de los medicamentos en Estados Unidos, entre otros.

La regla impone nuevas restricciones a las tarjetas de residencia y visas, y afecta particularmente a las personas con discapacidades, así como a las familias de bajos ingresos. No afecta a los refugiados, asilados y víctimas de violencia doméstica y tráfico de personas que residen en Estados Unidos.

"Hoy, el Tribunal otorga una suspensión, lo que le permite al Gobierno seguir (por ahora) su política en todas partes, salvo Illinois", señaló la decisión del Supremo.

Ya en diciembre pasado, dos tribunales de apelaciones desestimaron en decisiones separadas los fallos de las cortes de California, Washington y Maryland en contra de la normativa promovida por la Administración de Donald Trump.

Diferentes organizaciones proinmigrantes de Carolina del Norte fijaron su posición respecto a esta decisión y coincidieron en que la Corte Suprema permitió que la regla de "carga pública" de la administración Trump entrara en vigencia de manera "temporal".

La Unión Americana de Libertades Civiles se opuso a la regla, a través de un comunicado oficial, al cual se plegaron los líderes de esta organización en Carolina del Norte.

Claudia Center, abogada principal del Programa de Derechos de Discapacidad de la ACLU, aseguró que "esta política es otra forma de que la administración Trump lastime a los inmigrantes. Se consagra el falso estereotipo de que las personas con discapacidad no contribuyen a nuestra sociedad. Las familias sufrirán. El Congreso ha declarado repetidamente que la discriminación por discapacidad viola la ley federal. Esta regla debe ser detenida", dijo.

Por su parte, Eliazar Posada, director de participación y defensa comunitaria de El Centro Hispano, aseguró que esta decisión es "temporal", no definitiva, y que faltan muchas otras deliberaciones para dar por terminada la discusión sobre este tema.

También indicó que el carácter destructivo del discurso de Trump ha hecho que muchas familias sientan miedo de acceder a ciertos servicios que les corresponden por derecho y que el uso de esos beneficios, de ninguna manera, afectará sus tarjetas de residencia.

"Muchos padres, por ejemplo, no piden el WIC para sus hijos por miedo, cuando quienes están recibiendo los servicios son sus hijos, no ellos. Por otra parte, si sus hijos son americanos y gozan de Medicaid, tampoco están expuestos. Pueden ser atendidos en lugares que no están enlazados con el gobierno federal, como la red hospitalaria del Wake Med, por citar alguna", precisó el líder comunitario.

Consciente de que este tema es muy sensible y genera mucha angustia familiar, a partir del amplio desconocimiento de lo que plantea la norma, Posada anunció una reunión, el próximo jueves 6 de febrero, a las 6 p.m., en la sede de El Centro Hispano, entre las comunidades y un experto en Política de la organización Unidos US. 

"Ese día queremos darle la información correcta a la comunidad, para que aprendan cómo esta regla pudiera afectar a cada familia, según sus particularidades. Vamos a derribar algunos mitos sobre la carga pública. Esta administración ha hecho todo para causar más miedo a la comunidad y nosotros nos hemos comprometido con derribar los temores", dijo.

Juan Miranda, representante de Siembra NC, indicó que la narrativa agresiva de Trump vuelve a ganar espacios, sembrando terror en las familias inmigrantes. 

"Es la misma narrativa de siempre. Él dice que el inmigrante viene aquí para aprovecharse del sistema. Este fue su discurso durante su campaña y ahora, frente a las elecciones, lo vuelve a tomar, pero nada más alejado de la realidad. Una persona sin documentos no tiene acceso a beneficios federales, pero sí paga sus impuestos. Por esta razón, no puede ser carga pública. Mucho menos podrían serlo los inmigrantes que obtienen sus residencias y trabajan honradamente para mantenerla, prosperar y contribuir al progreso del país", dijo.

Finalmente, exhortó a las comunidades de inmigrantes con documentos a ser más sensibles ante la realidad de los otros y a luchar unidos por el bienestar de todos.

Reacciones nacionales 

Para la directora adjunta de la organización America's Voice, Pili Tobar, la decisión del Supremo confirma que la "inmigración en la América de Trump" es "solo para los ricos".

Sobre el fallo del Supremo, la presidenta de la organización Community Change Action, Lorella Praeli, advirtió que el no proteger "a los más vulnerables tendrá consecuencias duraderas para mujeres, niños y ancianos", al tiempo que calificó de "discriminatoria" la norma.

La medida de "carga pública" apunta además a reducir la cantidad de migrantes legales a los que se les permite ingresar y residir en el país, al facilitar el rechazo de las solicitudes de "green card" (como se conoce a los permisos de residencia permanente) o de algunos visados.

Así, las autoridades podrán determinar si el migrante puede convertirse en un momento dado o se ha convertido en una "carga pública" para la Administración; es decir, si "depende principalmente" de la asistencia de los fondos públicos para subsistir, y luego cancelar su estatus migratorio legal.

Mientras, el director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración, Ali Noorani, apuntó que estudios han encontrado que esta norma podría impedir que la mitad de los cónyuges de ciudadanos estadounidenses nacidos en el extranjero obtengan su "green card".

"Dañar los niños y las familias no debe ser un valor estadounidense", añadió Noorani, en tanto que Jess Morales Rocketto, presidenta de la organización Families Belong Together, lamentó que la Administración de Trump esté "atacando una vez más el espíritu del sueño americano".


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