" /> Programa que devuelve migrantes a México deja en un año "daños irreparables"

Fuente: EFE
01/23/2020

Los Ángeles, 23 ene (EFE News).- Activistas y abogados coinciden en que el programa Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), lanzado hace un año por el Gobierno del presidente Donald Trump para lidiar con la crisis de solicitantes de asilo en la frontera sur, "no tiene nada que ver con la protección" y ha causado "daños irreparables".

El programa, que regresa a los migrantes a esperar a México mientras se define su solicitud de asilo, fue anunciado el 24 de enero de 2019 por la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, quien aseguró que la medida tenía un "enfoque humanitario".

"Un año después de su lanzamiento, está claro que MPP no tiene nada que ver con la protección", advirtió a Efe Maureen Meyer, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

Meyer resaltó que los solicitantes de asilo que huyen de la violencia y la persecución en sus países de origen "son frecuentemente secuestrados, extorsionados, robados y agredidos sexualmente mientras esperan en México su proceso".

En el mismo sentido, Leidy Perez-Davis, asesora de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), acusó al programa de no hacer nada para proteger a los migrantes y por el contrario, afirmó, "causa daños irreparables".

La abogada dijo a Efe que "MPP ha hecho casi imposible que se brinde asistencia legal significativa a los solicitantes de asilo sujetos al programa".

La falta de representación ha impactado una gran cantidad de casos de migrantes incluidos en MPP. Ganar una solicitud de asilo se ha vuelto casi imposible, resalta la jurista.

Para septiembre de 2019 apenas 0,1 % de las más de 47.000 solicitudes de asilo recibidas a esa fecha a través del polémico programa habían sido aprobadas.

La medida, que comenzó con un programa piloto en el cruce fronterizo de San Ysidro, California, y Tijuana, México, el 29 de enero de 2019, suma ahora más de 60.000 migrantes.

La aplicación se ha extendido prácticamente por toda la frontera mexicana y ahora los migrantes son devueltos a Ciudad Juárez, Mexicali, San Luis Río Colorado, Matamoros y Nuevo Laredo.

"Decenas de miles de hombres, mujeres y niños continúan languideciendo en circunstancias peligrosas como resultado de esta horrible política", subrayó a Efe la abogada Melissa Crow, quién supervisa el Proyecto de Justicia Inmigrante de Southern Poverty Law Center (SPLC).

Crow hace parte del equipo legal que demandó al Gobierno por implantar el MPP.

La lucha de SPLC, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Centro para Estudios de Género y Refugiados por poner fin a esta medida ha sido cuesta arriba.

Aunque el Tribunal para el Distrito Norte de California detuvo en su primer fallo al MPP, en su apelación ante el Noveno Circuito de Apelaciones, el Gobierno logró revertir esa orden y mantener vigente el programa hasta que se dé una decisión final.

"Hace un año, cuando esta política se implementó por primera vez, advertimos que causaría caos y erosionaría aún más los valores centrales de nuestra nación, y ha hecho exactamente eso", indicó Crow.

Agregó que el Gobierno también ocultó al público estadounidense el sufrimiento de estos solicitantes bajo el MPP.

Por su parte, Meyer apuntó su dedo contra el Gobierno mexicano, que "ha fallado en su compromiso de proporcionar asistencia humanitaria a esta población, con miles de personas viviendo en campamentos con pocos o ningún servicio de saneamiento y salud y donde el crimen también es rampante".

Un reciente informe de la organización Human Rights First (HRF) encontró que migrantes originarios de Cuba, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala y Venezuela, entre otros países, estaban siendo "secuestrados, torturados, violados y violentamente atacados" mientras esperan en México a que se resuelvan sus casos.

El informe recoge que hay al menos 636 casos registrados de ese tipo de agresiones a migrantes en el marco del MPP. De esos casos, al menos 138 son de raptos y intentos de secuestro de menores de edad.

HRF advirtió que probablemente estos datos sean "la punta de iceberg", ya que "la mayoría de los retornados no han sido entrevistados por investigadores o periodistas".

Crow, Meyer y Perez-Davis coinciden en que el programa debe terminar inmediatamente.

Un grupo de seis congresistas demócratas encabezados por el legislador californiano Lou Correa anunciaron la semana pasada una investigación por parte del Comité Judicial de la Cámara de Representantes sobre los alcances del MPP.

"Esto no puede sostenerse. Mis colegas y yo no toleraremos el acoso continuo de las familias que huyen de la violencia", dijo Correa en un comunicado.

Tras la implantación de MPP, el Gobierno de Trump ha impulsado al menos otras seis iniciativas en el último año para regular el acceso al asilo político, como el Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA) con el que el país enviaría a solicitantes de asilo a esperar su proceso en países como Guatemala, Honduras y El Salvador.


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