Fuente: Coreen Villalobos Mundo, foto Berenice Malagón
10/17/2018

Raleigh, N.C. a 17 de octubre del 2018-La aplicación del programa 287g, que concede a los policías y oficiales de cárceles funciones propias de agentes de inmigración y les permite también investigar a los inmigrantes que llevan detenidos sin importar la falta que cometieron, así como detectar a quienes no tienen papeles y entregarlos a las autoridades de inmigración; "está separando a las familias hispanas y criminaliza a todo extranjero que transita por las calles del condado de Wake, solo por no haber nacido en este país", expresó Griselda Alonso, representante del Comité Popular Somos Raleigh, durante el Foro de Candidatos a Alguacil, Fiscal de Distrito y Secretario Judicial del citado condado, realizado el sábado 13 de octubre, en Alamo Drafthouse Cinema, donde convergieron distintas organizaciones defensoras de los derechos de inmigrantes.

La ocasión fue propicia para que esta luchadora social expusiera ante los reporteros de La Conexión USA, las razones por las cuales las comunidades hispanas deben unir esfuerzos en pro de la no criminalización de los extranjeros.

"Nuestra dignidad no está en venta. Estos son programas que lucran con nuestro sufrimiento. Si solo fuese un programa de deportación, simplemente te detienen y te deportan. Pero no es así. Es muy bajo el número de personas deportadas inmediatamente. La realidad es que muchos de nuestra comunidad pasan días, semanas, meses e incluso años en prisión antes de que sean deportados porque tenemos un precio dentro de una prisión. Hay un número que establecen. Entonces, a ellos les conviene. Las instituciones privadas son las que se están llevando el dinero", indicó.

Consideró conveniente enfatizar que, "con papeles o sin papeles, tenemos dignidad, y la mayoría de los hispanos que viven en este condado, entrega lo mejor de cada uno a esta sociedad. Tenemos que seguir luchando por sacar la 287g de nuestro sistema. Nuestros derechos no se quedaron en la frontera, ni en un río, ni en un aeropuerto. Nuestros derechos nos persiguen desde que nacemos hasta que morimos, incluso tenemos derecho a una muerte digna".

Las declaraciones de Griselda Alonso surgen como respuesta a la gran cantidad de detenciones, consideradas injustas por la comunidad hispana, registradas en el condado bajo la anuencia del actual alguacil Donnie Harrison, de corriente republicana, y quien ha demostrado el incondicional interés de seguir formando parte del grupo de alguaciles que colabora con ICE para detener indocumentados.

Por lo general, las autoridades estatales y locales no participan en asuntos migratorios. Sin embargo, desde hace más de una década, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), ha venido reclutando agencias dispuestas a colaborar.

"Definitivamente, nosotros no queremos que un alguacil como Donnie Harrison siga en el poder porque, al continuar él, continúa el programa. Él tiene muy claro que el programa no se irá", recalcó Griselda Alonso, antes de subrayar que Gerald Baker, el contrincante demócrata de Harrison para las próximas elecciones de alguaciles, tiene una posición diferente. 
"Si él entra al poder, la 287g se iría. Nos hemos reunido con él y éste ha sido su compromiso", aseguró.

Finalizó su intervención insistiendo en que "necesitamos que la comunidad esté involucrada porque si actuamos unidos, podemos parar deportaciones y hacer mucho. No debemos confiarnos en que si la 287g se va, es garantía de que no habrán otras cosas que nos opriman".

Bajo el lema "Familia SÍ, 287g NO" se congregó en este evento, organizado en antesala a las elecciones de las autoridades del sistema judicial, a realizarse el 6 de noviembre, un nutrido y diverso número de organizaciones defensoras de los derechos de los hispanos en Carolina del Norte, entre las cuales destacan, además del Comité Popular Somos Raleigh, el Comité de Acción Popular y El Pueblo.

En torno al debate protagonizado por dos candidatos a alguacil, dos a fiscal de distrito y dos a secretario judicial del Condado de Wake, Marta Hernández, representante del Comité de Acción Popular de Raleigh, agregó que "el mundo de la política suele ir en beneficio de las carreras de quienes están involucrados en la política. Cuando se atreven a aplicar un programa como la 287g, vuelven a darle la espalda a la comunidad a la que supuestamente sirven. Nosotros los elegimos, somos los contribuyentes, pagamos porque ellos estén en sus puestos; y de quienes rápido se olvidan es de nosotros y de lo que realmente está pasando en las calles con nuestra comunidad".

Hernández desestimó la efectividad del programa. "Él no está sacando a los criminales de las calles. Es así cómo ha vendido esto para convencer a los votantes. Está destruyendo nuestras familias. Hemos visto que están deportando gente que no ha cometido ningún delito. Su único delito es estar aquí, venir a progresar en este país. Sabemos que hay gente que tiene antecedentes criminales. Lo que no entendemos es por qué él (Harrison) no muestra pruebas, ni documentos acerca de la gente que se ha deportado, por qué se ha deportado y por qué se ha arrestado. Entonces, si él no es transparente con eso, nadie debería creerle", precisó en una entrevista concedida a La Conexión USA, minutos después de la clausura del debate entre candidatos.

Opinó que el alguacil Donnie Harrison es una persona racista 100%. "Si está apoyando un programa dirigido a la detención de personas latinas y de color, es porque es un racista".
Se dio la libertad de imaginar qué características tendría el sistema judicial en Carolina del Norte, una vez derogada la 287g, y puntualizó  que "solo es un programa de la Ley General de Responsabilidades del Inmigrante, pero es muy dañino. Nosotros esperamos que, una vez que la 287g se vaya, no exista ningún otro programa que castigue doblemente a un inmigrante. Si tú cometiste un error y eso merece un castigo, vamos... que se procese. Pero, es supremamente injusto que después de que una persona esté en la cárcel largo tiempo, luego sea deportada, cuando su único delito es no haber nacido en este país".

Por su parte, María González, representante de la organización El Pueblo, elogió la organización del foro y que la convocatoria haya sido tan exitosa. "Fue interesante. Hubo momentos en que se sentía un poco de tensión, especialmente entre los alguaciles y los comentarios que hicieron, pero es maravilloso que un grupo de personas muy diverso se haya concentrado aquí para escuchar a sus candidatos", señaló. 

Invitó a las comunidades hispanas a participar masivamente en las elecciones de alguaciles, fiscales de distrito y secretario judicial. "Pedimos a las personas que escuchen sus propuestas y voten por la persona con la que más se identifiquen, que representen sus intereses. El voto es el próximo paso".


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