Fuente: EFE
09/12/2018

Estrasburgo (Francia), 12 sep (EFE).- Reforzar la protección de las fronteras externas con 10.000 policías y acelerar la devolución de inmigrantes irregulares son las principales medidas que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, propuso hoy para gestionar un asunto prioritario para la Unión Europea (UE).

En su discurso sobre el Estado de la Unión, Juncker trazó la línea que espera que la Unión siga en política migratoria, uno de los aspectos que más ha dividido a los Estados miembros en los últimos años y donde más urgencia hay en alcanzar un acuerdo, para evitar nuevas crisis políticas.

"No podemos seguir discutiendo para encontrar soluciones "ad hoc" cada vez que llegue un nuevo barco. La solidaridad temporal no es lo bastante buena. Necesitamos una solidaridad duradera", dijo Juncker, que apeló a Austria, que preside el Consejo de la UE hasta finales de año, a dar el "paso definitivo" para cerrar la reforma de la política migratoria.

En particular, la CE planteó hoy reforzar de aquí a 2020 con 10.000 policías la Guardia Europea de Fronteras y Costas, creada en 2016 y que ahora cuenta con unos 1.300 efectivos desplegados y con 1.500 guardias de reserva.

La idea es contar con un "cuerpo permanente" de policía de fronteras, con equipos propios y competencias ejecutivas, algo que según la CE constituye un "cambio radical" frente al sistema actual, que depende de las aportaciones voluntarias de personal y equipamiento de los países y afronta numerosas "lagunas".

Bruselas quiere además que ese cuerpo permanente pueda llevar a cabo tareas de control fronterizo y de retorno, aunque "bajo la autoridad y el control del Estado miembro" donde se encuentre y que sus efectivos puedan también ser desplegados fuera de la Unión, para apoyar a países vecinos en la gestión de fronteras y los retornos.

Otra de las iniciativas propuestas para frenar los flujos migratorios es la revisión de la directiva de retorno de 2008, cuya aplicación "ineficaz e incoherente" por parte de los países reduce, dice la CE, la eficacia de las devoluciones.

Según la CE, de los más de 516.000 ciudadanos extranjeros que recibieron la orden de abandonar la UE en 2017, solo unos 188.000 (el 36,6 %) fueron devueltos, un porcentaje que Bruselas considera excesivamente bajo.

Como solución, plantea procedimientos de retorno acelerados, un mejor control de la identidad y situación legal de cada persona que deba salir del territorio y procesos de retorno voluntario más eficientes.

También propone criterios comunes para determinar cuándo existe un riesgo de fuga y "normas armonizadas de detención", por ejemplo de los inmigrantes que constituyan un peligro para el orden público o la seguridad nacional.

En esos casos, la CE plantea fijar un periodo mínimo de al menos tres meses de detención para facilitar el plazo necesario para completar el retorno y los procedimientos de readmisión en los países de origen.

Juncker insistió hoy asimismo en la necesidad de "abrir vías legales" de acceso a la Unión, subrayó que a la UE le hace falta una inmigración "cualificada" y recordó que hay sobre la mesa propuestas en ese sentido, que "ahora deben ser adoptadas".

Por ello, la CE pidió a los países que hagan un esfuerzo para desbloquear la revisión de la "tarjeta azul" para atraer a la Unión Europea a inmigrantes de terceros países con una alta cualificación profesional, mediante un sistema más atractivo.

Bruselas confía en que esa iniciativa pueda ser adoptada antes de las elecciones europeas del próximo mayo.

Por otra parte, la Comisión espera que los países de la UE aumenten sus esfuerzos para cumplir de aquí a octubre de 2019 con su compromiso de acoger a 50.000 refugiados desde terceros países que soportan una alta presión migratoria, como Turquía, Jordania o Líbano.

También abogó por que el Consejo (países de la UE) y el Parlamento Europeo lleguen pronto a un acuerdo sobre la propuesta de la Unión para crear un marco de reasentamiento europeo y pidió a los Estados miembros que cooperen en proyectos piloto con países africanos y no europeos, para fomentar la "inmigración legal".


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