Fuente: EFE
09/07/2018

San Juan, 7 sep (EFE).- El Gobierno de Puerto Rico asiste a una interminable serie de dimisiones de jefes de agencia y corporaciones públicas del Ejecutivo liderado por Ricardo Rosselló, que defiende que no hay espacio en su Administración para la falta de compromiso.

El director de la Autoridad para el Transporte Marítimo, Luis Abreu, fue el último, a finales de agosto pasado, en bajarse del barco de Rosselló, quien hace meses pidió a sus principales colaboradores la firma de una carta de dimisión sin fecha.

Esa petición significó facilitar todavía más que Rosselló pueda prescindir de los colaboradores en su Administración que, según su criterio, no den la talla.

La renuncia de Abreu eleva a cerca de 40 las dimisiones de altos cargos en el Gobierno puertorriqueño, una cifra que para algunos analistas hace preguntarse qué pasa en el seno del Ejecutivo para que, mes tras mes, destacados funcionarios se desliguen del proyecto del gobernador.

Abreu, quien también dirigía la Autoridad para el Transporte Integrado, presentó su renuncia por razones personales, según se divulgó oficialmente.

Rosselló había aceptado solo dos días antes la renuncia de la directora interina del Negociado de Ciencias Forenses, Mónica Menéndez, esta vez, según el Ejecutivo, por razones personales relacionadas a su salud y el bienestar de su familia.

En el caso del primero, el secretario de la Gobernación, Raúl Maldonado, había informado poco antes de la dimisión que estaba investigando las circunstancias en que un contenedor con suministros para las víctimas del huracán María terminó en una finca privada de Carlos San José, colaborador directo de Abreu.

Menéndez, por su parte, asumió el cargo en abril pasado cuando Edwin Crespo, comisionado en aquel entonces, se tomó una licencia por motivos de salud, según se dijo.

El analista político Josué Fonseca señaló a Efe que una de las razones de la cascada de dimisiones puede encontrarse en la ineptitud mostrada por algunos responsables de agencia tras el huracán María.

Fonseca apunto que, incluso, Rosselló ha tenido que frenar su impulso de deshacerse de colaboradores ineptos debido a la disputa que mantiene con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Según el analista, el que Rosselló no contara con el apoyo de su propio partido en el Senado que debe ratificar nuevos nombramientos contribuyó a que el gobernador haya tenido que mantener a personas en las que ya no confía.

La profesora universitaria y economista Martha Quiñones dijo por su parte a Efe que algunos miembros del Gobierno se han desligado del Ejecutivo por la desorganización reinante.

Quiñones sostuvo que otra de las razones por la que altos funcionarios se han desvinculado del Gobierno es su oposición a seguir las directrices impuestas por la Junta de Supervisión Fiscal, la entidad de control al Ejecutivo establecida por una ley aprobada por el Congreso de EE.UU. (país del que la isla es estado libre asociado) para atender el asunto de la deuda.

El Ejecutivo, cuando se hizo pública la exigencia de firmar una renuncia al cargo sin fecha a sus principales colaboradores, divulgó que la medida respondía a una exigencia plena de compromiso.

Aunque hubo distintas interpretaciones, sea la exigencia plena o como algunos apuntaron una simple consecuencia del programa del gobernador que incluye una consolidación de agencias -lo que lleva aparejado dimisiones-, lo cierto es que el Gobierno ha asistido a un desfile de altos cargos para muchos desproporcionado.

La lista de dimisiones incluye a todos los miembros independientes de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que renunciaron en medio de la controversia suscitada por el salario del nuevo director de la corporación.

El secretario de la Gobernación, William Villafañe, también se hizo a un lado consecuencia del polémico "chat" de WhatsApp del expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones Rafael Ramos, quien en febrero renunció al cargo.

Ramos consultó, presuntamente, decisiones a miembros del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP) que debía tomar como presidente de la Junta de Inscripción Permanente (JIP) del municipio de Moca sobre el voto de personas que por enfermedad no pueden ejercer su derecho físicamente.

En ese "chat" aparecía Villafañe junto a la secretaria asociada de la Gobernación, Itza García, y la responsable de la Administración para el Sustento de Menores (Asume), Waleska Maldonado, entre otros.

Todos abandonaron sus cargos tras presentar su dimisión al gobernador, que previamente había solicitado su renuncia de forma pública.


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