Fuente: Berenice Malagón / Foto Berenice Malagón
08/08/2018

Raleigh, N.C. 7 de agosto del 2018-Comunidad en Carolina del Norte se ha reunido esta noche para discutir temas en relación a la las conexiones entre la política de EE. UU. en Colombia, misma que ha causado una crisis de inmigración. 

En entrevista para La Conexión USA, Chelsey Dyer miembro de la organización Witness for Peace, indicó que las políticas de Estados Unidos hacia Centroamérica, crean condiciones que llevan a muchas personas a migrar fuera de sus países debido a que los recursos no son asignados apropiadamente.  "La ayuda que el gobierno de los EE. UU. envía a Colombia, se destina en gran medida al ejército, así como a organizaciones más grandes, en lugar de ser destinadas a las comunidades locales, quienes han soportado el conflicto y sufrido la violencia". 

El gobierno de los Estados Unidos, ha enviado más de 9 mil millones de dólares de ayuda principalmente militar a dicho país desde 2001. El conflicto armado en Colombia ha clamado la vida de más de 220 mil personas, hay alrededor de 92 mil desaparecidos y 7.7 millones personas han sido desplazadas. Durante esta guerra, alrededor de un 85% de la violencia ha sido ocasionada por los paramilitares o las fuerzas armadas de Colombia.

"Queremos concientizar a la comunidad de Carolina del Norte, acerca de lo que está sucediendo en Colombia. Todos los días están muriendo muchos líderes sociales", indicó Dyer. De acuerdo a la organización colombiana Indepaz, 358 líderes de movimientos sociales y defensores de los derechos humanos han sido asesinados desde el 1 de enero del 2016. 

Los activistas abordaron diferentes perspectivas de la situación en el marco de el día Internacional por la Paz en Colombia y pidieron un alto a la violencia y las muertes que ocurren en dicho país a pesar de la ratificación de los acuerdos de paz firmados.

Como parte de las acciones, enviarán una carta dirigida a Donald Trump e Iván Duque, "así como a todos los que amenazan la paz en Colombia", solicitando que los Estados Unidos y Colombia respeten los acuerdos de paz, paren la matanza sistematizada de líderes de movimientos populares, ex-insurgentes y sus familias, la cancelación de los fondos  para las fuerzas militares y que reestablezcan los acuerdos de desarrollo rural, entre otros.


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