Fuente: Berenice Malagón
05/10/2017

Raleigh, N.C. 8 mayo 2017- Varios miembros de la comunidad de Carolina del Norte se reunieron en las instalaciones de la organización El Pueblo para hablar de las propuestas de ley que podrían impactar a la comunidad indocumentada del estado y que actualmente son discutidas en la sesión legislativa 2017 en Carolina del Norte.
En esta ocasión se enfocaron en 7 propuestas, todas ellas encaminadas a cerrar las posibilidades a indocumentados en términos de empleo, identificaciones comunitarias, licencias de manejo, sanciones a Universidades que funjan como santuarios, etc.
Para comenzar hablaron de la SB145, la cual  busca que se implemente el programa 287g que avala a ciertos agentes estatales del orden público actuar como agentes de inmigración, es decir, que tengan la capacidad de deportar a quienes consideren elegibles. Yolanda Zavala, miembro del Comité de Acción Popular Todos Somos Raleigh, hizo referencia a los inicios de la implementación de la 287G en Carolina del Norte: "es una ley que habla de la separación de las familias. Nosotros vimos como a padres que manejaban sin una licencia se los llevaban, por un stop, por tickets de tráfico. Está a criterio del policía darte un ticket o llevarte, y eso es lo que a nosotros nos preocupa, porque entonces cualquiera va a estar con miedo" y añade: "Nosotros como madres de familia siempre manejamos con miedo, con el temor porque no sabemos si vamos a regresar a la casa o nos van a detener. Padres y madres de familia fueron arrestados por la 287G es la que más nos preocupa y es la que necesitamos detener".
La SB145 también permitiría que se se sancionen a aquellos gobiernos que no cumplan con las leyes de inmigración y se incentive su cumplimiento. Asimismo, obligaría a las Universidades estatales a revelar el estatus migratorio de sus estudiantes y no fungir como santuarios, lo que implicaría para las instituciones educativas tener la obligación de compartir con las autoridades locales el estatus migratorio de sus estudiantes sin la autoridad para protegerlos de una deportación.
Continuando con la lista de propuestas, tocó el turno para la HB 35, titulada "Ley de protección de trabajadores de NC", la cual, de acuerdo a Iliana Santillán de El Pueblo, "más que una ley de protección al trabajador, estaría complicando el camino para los inmigrantes indocumentados", de acuerdo a Iliana Santillán, miembro del El Pueblo, quien indicó que de aprobarse, esta propuesta de ley buscaría ampliar el programa E-Verify para que  los empleadores con más de 5 trabajadores revisen el estatus migratorio de sus empleados nuevos. Aunque esta propuesta no incluye a campesinos ni a personas que brindan servicios domésticos, sí incluiría a aquellos que trabajen en industrias como la restaurantera, construcción, hotelería, etc.
A la par, señalaron que como estrategia los legisladores presentan en ocasiones propuestas muy similares unas entre otras, en las que entrelazan secciones muy parecidas, de forma que si en el proceso de aprobación una es rechazada, la idea principal pueda seguir avanzando a través de otra propuesta. Tal es el caso de la 306 que al igual que la HB 35 hace referencia al E-Verify, que solicitaría que todos los contratistas y subcontratistas que otorgan servicios al gobierno estatal, o a cualquier subdivisión del estado también operen bajo dicho programa que certifica que los empleados están autorizados para trabajar legalmente en el país.
Seguida de esta propuesta, dedicaron unos minutos para explicar la HB113, una de las que también sancionaría a las Universidades estatales que protejan a sus estudiantes como santuarios. Es titulada "Cumplimiento de Acción Privada Local", y de convertirse en ley sancionaría a los gobiernos locales que no cumplan con las leyes vigentes de inmigración.
Finalmente dieron pauta a la SB652 y a la HB734, mismas que interesan a los estudiantes indocumentados del estado. La SB 652 titulada "Incrementar el Acceso a la Educación Universitaria". Permitiría a una persona pagar matrícula estatal si ha asistido a una escuela de NC por lo menos por 3 años consecutivos antes de graduarse, y si recibió un diploma de escuela secundaria, o GED. Por su parte, la HB 734 "Equidad de Matrícula Estatal" autorizaría a ciertos jóvenes inmigrantes pagar colegiaturas a costo más bajo como si fueran residente del estado en las Universidades estatales y algunos colegios comunitarios. Para calificar, la persona debería recibir un diploma de escuela secundaria, o un GED, de Carolina del Norte; comprobar que asistió a una escuela en NC por un mínimo de 2 años consecutivos inmediatamente antes de graduarse de la escuela secundaria.
Sin embargo, esta propuesta de ley señala que si la persona no tiene un estatus migratorio legal, entonces también debería presentar una declaración jurada declarando que ha presentado una solicitud para legalizar su estatus migratorio o que presentará una solicitud tan pronto como sea elegible. Asimismo, el proyecto de ley establece que cualquier información obtenida como parte del proceso de solicitar la matrícula estatal será confidencial y no irá al registro público.
A la ponencia asistió Yvonne Holley, Representante del distrito 38 de Carolina del Norte, quien en breves palabras señaló que la comunidad afroamericana al igual que la comunidad hispana sin documentos atraviesan por el mismo tipo de problemáticas, "son expuestos muchas veces al racismo, a los salarios bajos, a la criminalización". Asimismo indicó "es importante que en la Casa de Representantes entiendan que las leyes deben ser fraguadas para la igualdad de las comunidades, por eso estoy aquí para hacer presencia y entender sus necesidades" dijo a medios locales.


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