Fuente: Verónica Gutiérrez
06/27/2016

Raleigh, N.C. 27 junio 2016 - El Senado de Carolina del Norte votó hoy y aprobó la HB100, un proyecto de ley que crea nuevas normas para la aplicación de las leyes estatales de inmigración. El senador Mike Woodard se opuso al proyecto de ley en su segunda lectura, lo que significa que el Senado debe votar una vez más antes de que el proyecto de ley se envía a la Cámara de Representantes.

La HB100 es una medida calificada por la comunidad como antiinmigrante porque les invalidaría las identificaciones comunitarias que miles de personas indocumentadas usan en el estado. Además impondría sanciones económicas a los condados o ciudades que no cumplan con las leyes migratorias de Carolina del Norte.

"Me preocupa que muchos de los representantes que se encontraban en la sesión y votaron no sabían qué es la Faith Action ID," dijo Sara Rawleigh encargada del Centro de Asistencia para la comunidad inmigrante de la organización Faith Action en entrevista con La Conexión.

Representantes de esta organización, así como líderes comunitarios y personas a favor de las identificaciones comunitarias pasaron toda la mañana haciendo cabildeo con los representantes, explicándoles qué son las identificaciones y cómo afectaría a la comunidad si las invalidaran.

Cuando le preguntamos a Rawleigh sobre cuáles serán las acciones que su organización seguirá para tratar de revertir esta propuesta de ley dijo "queremos animar a las fuerza policiales que ya aceptan las identificaciones a expresar públicamente su apoyo a nuestro programa". 

"Algunos nos han manifestado el beneficio que tienen estas identificaciones, sin embargo aún dudan en expresar su apoyo públicamente. Vamos a tratar de mostrar cómo ha ayudado a las fuerzas del orden el hecho de que todas las personas tengan una ID. Esperamos hacerlo antes de que voten otra vez para poder influenciar a más gente y decir con hechos, que la HB100 tendrá un efecto negativo en la comunidad" agregó la representantes de Faith Action.

De acuerdo con Sarah Preston, directora de Políticas de la ACLU de Carolina del Norte, "este proyecto de ley crea un marco costoso, complejo e innecesario para hacer cumplir las leyes de inmigración, lo que haría más difícil el trabajo de las fuerzas del orden, alentaría a dar falsas declaraciones para hacer perder los recursos del gobierno, y le daría al Fiscal General amplios poderes para retener la financiación de la construcción de escuelas y otros proyectos de infraestructura ". 


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