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Presentan proyecto de ley que similar al SB 1070 de Arizona y que toma apartes de la ley Sesenbrenner de 2005

March 17, 2011

Representandes (i) John Blust de Guilford y George Cleveland  de Onlow, dos de los tres autores del proyecto de ley/La Conexión

Representandes (i) John Blust de Guilford y George Cleveland de Onlow, dos de los tres autores del proyecto de ley/La Conexión

Hispanos en Carolina del Norte estamos en peligro

REDACCIÓN

RALEIGH - Un grupo de legisladores de Carolina del Norte presentó ayer martes un proyecto similar a la ley Sensenbrenner de 2005 que convierte en delito transportar o dar resguardo a indocumentados, además de emular la SB 1070 aprobada en Arizona el año pasado. La HB 343 agrupa una serie de disposiciones presentadas en otras propuestas en la Cámara Baja y Senado de la Asamblea General de este estado.


El proyecto titulado "Support Law Enforcement/Safe Neighborhoods" fue presentado en esta cámara por los representantes republicanos, George Cleveland,-Onlow-, John Blust, -Guilford- y Mark K. Milton,-Catawba-.

PENALIZACIÓN DE INDOCUMENTADOS

La HB 343 estipula que es un delito intentar o transportar a un inmigrantes sin papeles, motivarlo a que resida en el estado, ofrecer protección y ocultarlo con la excepción del personal de servicios sociales, médicos y paramédicos en casos de emergencia.



Hace seis años, el representante federal James Sensenbrenner, republicano de Wisconsin, presentó la legislación HR 4437 aprobada después en la Cámara de Representante, que buscaba penalizar a los 12 millones de indocumentados y convertir en criminales a todos aquellos que los ayudasen.

Esto desató una serie de protestas que desencadenó marchas en la primavera de 2006, cuando millones tomaron las calles de diferentes ciudades del país en rechazo a las políticas migratorias.

QUÉ PROPONE

En la actualidad, Carolina del Norte es uno de varios estados del sureste de la nación cuyos legisladores han colocado el combate a la inmigración indocumentada como una prioridad en sus agendas de trabajo de este año.

La propuesta motiva a las agencias del orden público a determinar el estado migratorio de los detenidos por cometer faltas a las leyes estatales y a notificar al Gobierno federal de la presencia extranjeros clandestinos.

Además, prohíbe a las municipalidades aprobar ordenanzas para la creación de "ciudades santuarios", como ocurre en la localidad de Carrboro.

Penaliza con multas de 100 dólares y hasta 20 días de cárcel si el residente permanente no trae consigo su tarjeta de residencia emitida por inmigración y convierte en felonía el tráfico de personas.

En cuanto al empleo de trabajadores, requiere que las compañías utilicen el programa federal E-Verify para comprobar la legalidad del solicitante y permiten a los individuos reportar de manera anónima a los negocios que empleen indocumentados.

Por último, niega a los estudiantes sin papeles continuar sus estudios superiores y obliga a los empleados de agencias del estado reportar a los indocumentados que soliciten beneficios.

Ayer, la medida pasó la primera lectura y fue referida a la comisión de subcomité Judicial de la Casa para su posterior debate.

PUNTOS PRINCIPALES
La iniciativa de trece páginas contiene siete partes con sus secciones definidas. Los principales puntos son:

  • Determinación del estatus migratorio de una persona detenida y/o parada por un oficial cuando haya sospecha que está ilegalmente en el país.
  • Determinación de estatus migratorio de las personas arrestadas.
  • Notificación al gobierno federal, cuando los extranjeros ilegalmente presentes son liberados de la prisión al pagar fianzas, y/o son transferidos a la custodia federal.
  • Se prohíbe ciudades santuarios.
  • Se considerará violación de omisión no completar documentación como extranjero.
  • Es ilegal transportar, recibir y mover a extranjeros que no están legalmente en el país.
  • Se crea el delito de tráfico humano.
  • Se requiere el uso obligatorio de E-Verify para los condados y ciudades.
  • Especifica consecuencias para empresas que contraten personal sin autorización para hacerlo.
  • Verificación para proveer beneficios públicos.
  • Admisión de estudiantes a la educación superior.

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