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Leyes antiinmigrantes serían “suicidio estatal”

March 7, 2012

Tamar Jacoby, presidenta de Immigration Works USA  ante los miembros del comité

Tamar Jacoby, presidenta de Immigration Works USA ante los miembros del comité /P.J

RALEIGH- El pasado miércoles 29 de febrero, el comité legislativo que estudia la posible implementación de medidas antiinmigrantes en Carolina del Norte se reunió por tercera oportunidad para escuchar esta vez, a representantes de dos asociaciones estatales, de construcción y agricultura, y una organización proinmigrante que agrupa a miembros del área de servicios.

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La próxima reunión será en el edificio legislativo en Raleigh, a la 1PM, el miércoles 28 de marzo. Se espera escuchar los comentarios del público

Por Paola Jaramillo

CONTRATAN BAJO LA LEY

Lisa Martin, directora de asuntos gubernamentales de NC Home Builders Association, fue clara al decir que todas las empresas contratistas participan del programa de verificación de empleo E-Verify y que su grupo trabajó de cerca con el Congreso en materia de inmigración, más no lo hace en el estado.

“El gobierno necesita volver a capacitar en los oficios de la construcción”, mencionó. “Mientras esto no suceda la industria necesita una fuerza laboral fuerte y lista”. De acuerdo con Martin, en 2009 cerca del 21 por ciento de los constructores de casas eran extranjeros. “Muchos son hispanos pero no sé exactamente cuántos”, anotó.

Asimismo, dijo desconocer los motivos por los cuales, con altas tasas de desocupación, eran los hispanos los que llenaban las plazas. “No estoy segura. Desconozco por qué estan mejor preparados y con habilidades”.

7 MIL TRABAJADORES DEL CAMPO

Por su parte Lee Wicker, director delegado de la Asociación de Granjeros de Carolina del Norte, señaló que cada año la entidad contrata cerca de 7 mil jornaleros mexicanos, los cuales llegan a los campos estatales de manera documentada.“Tienen visa H2A”, explicó, “el proceso de contratación es riguroso y todos los antecedentes criminales son verificados, además son personas que, en su gran mayoría, vienen año tras año”.

De la misma manera, mencionó que no es un secreto que trabajan con especialistas en el tema migratorio en la capital federal, presionando al Congreso para que apruebe un reforma migratoria. Sobre por qué los americanos no escogen esos trabajos, Wicker comentó que tal vez tiene que ver con los salarios bajos que ganan, los cuales pueden llegar ser como “$150 dólares por semana”.

“SUICIDIO ECONÓMICO”

Hasta esta presentación, todo marchaba en relativa calma, no obstante, a los legisladores republicanos del comité no les gustó para nada la intervención de la cuarta invitada, Tamar Jacoby, presidenta de Immigration Works USA, una organización proinmigrante con más de 25 afiliados desde el estado de la Florida hasta Oregon, que tiene como fin educar al público- empleadores, trabajadores y ciudadanos-acerca los beneficios de la inmigración; ya que puso sobre la mesa la realidad que vive la industria americana.

“El problema de que la mayoría de los negocios contraten empleados migrantes es que no hay suficientes trabajadores legales dispuestos a llenar las plazas, y aunque en tiempo de recesión muchos americanos lo han hecho, aún continúan dependiendo de esta clase trabajadora”, mencionó en su discurso.

Por otro lado, el problema es que los americanos de ahora son más educados. “En 1960 la mitad de los hombres nacidos en Estados Unidos dejaban la escuela, hoy lo hace menos del 10 por ciento”. “Es simple, los trabajadores extranjeros son valiosos aunque muchos son menos educados, pero lo cierto es que los necesitamos”.

Por último, Jacoby manifestó que “sería devastador para la economía estatal aprobar leyes antiinmigrantes” como ha sucedido en estados como Arizona, Alabama, Carolina del Sur y Georgia.

“La lección es: hacer cumplir con la ley de inmigración es esencial y los estados tiene un importante rol que jugar, pero Alabama y Arizona nos han enseñado que el sistema migratorio está roto, y que existen leyes, que no se ajustan a las necesidades de los negocios americanos. Leyes similares, serían un suicidio económico para Carolina del Norte”, concluyó.

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