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Corte dictamina a favor de hispanos en caso de Global Enterprises

September 19, 2012

Una de las audiencias, en la corte del condado Wake, relacionadas Global Enterprises

La fotografía corresponde a una de las audiencias relacionadas con el tema en la corte del condado Wake /W.G

ATENCIÓN

Si conoce el paradero de Eiblys y Edna Ochoa por favor comuníquese con el abogado Daniel J. Rearick del Centro de Justicia de Carolina del Norte, llamando al (919) 861-2073

RALEIGH- La Corte Superior de Justicia del condado Wake dictaminó que los señores Eiblys y Edna Ochoa, esposos y propietarios de Global Enterprises, una entidad  que ofreció servicios migratorios en la ciudades de Raleigh, Durham y Wilson desde antes del 2001 hasta mayo del 2008,  son “responsables de cometer negligencia” y por tanto, deberán pagar la suma de 142.655 dólares a los demandantes, según dictaminó el pasado 7 de junio, el juez Allen Baddour.

Por Paola Jaramillo

La Acción de Clases, es decir una demanda colectiva, fue presentada en la corte de este condado el 20 de junio de 2008, por 273 hispanos, la mayoría latinoamericanos, en especial de México, aunque algunos eran de Centroamérica. Todos residían en el Triángulo y por su estatus de indocumentados confiaron en la palabra de los Ochoa quienes se hacían pasar por “abogados” especialistas de inmigración, cuando en realidad eran notarios no autorizados para realizar trámites migratorios. Las víctimas los contactaban luego de escuchar programas radiales que en su momento, eran transmitidos por una emisora local y también leer anuncios publicitarios que aparecían en un periódico de la ciudad. En estos se hacían llamar “abogados” y ofrecían sus servicios a bajo costo.

Los testimonios de algunos afectados fueron escuchados en corte el pasado 9 y 10 de abril. Aunque los Ochoa no estuvieron presentes ya que se presume están en República Dominicana, de donde son oriundos.

Se cree viven fuera del paÍs

La demanda de Acción de Clases fue interpuesta por José Antonio Miguel Mendoza, un ciudadano mexicano y residente de Carolina del Norte que fue estafado por los esposos Ochoa y quien encabezó la reclamación. Mendoza y los 273 hispanos fueron representados por los abogados Katharine Woomer Deter, Daniel Rearick y Carlene McNulty del Centro de Justicia de Carolina del Norte. “Creemos que ahora viven en su país y hasta ahora no hemos recibido ningún pago de su parte”, dijo a La Conexión, el abogado Rearick. “Si hay gente que tiene información sobre ellos, por ejemplo, si los han visto regresar a Carolina del Norte ayuda si nos avisan; mientras tanto, estamos hablando con abogados en República Dominicana para ver cuáles son nuestras opciones para forzarles a pagar”, mencionó.

El abogado indicó que empezaron a trabajar en ese caso porque creen que “todos los inmigrantes merecen y necesitan apoyo legal verdadero y que notarios como los Ochoa no están calificados para hacer casos de inmigración”. “Aunque las preguntas parecen fáciles en los formulario del USCIS”, (Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos, “pueden causar problemas graves si un abogado no explica bien lo que significa. También muchas veces los notarios cobran por llenar papeles donde es muy claro que la persona no califica para una determinada forma de visa o estatus y después de ser negado corren el riego de la deportación”.

El litigante comentó que pese al veredicto se desconocen las represalias específicas contra los demandantes. “Muchos pagaron gran cantidad de dinero a Global Entreprises por servicios que no eran válidos y que los Ochoa les dijeron que sí    cuando las pruebas obvias demostraban que no. Gastaron dinero y mandaron toda su información al USCIS, es posible que hayan corrido este riesgo (el de la deportación, por ejemplo) aunque no lo sabemos concretamente”.

Miles de dÓlares

De acuerdo con la demanda, los Ochoa ofrecieron hasta 24 diferentes servicios de inmigración cobrando entre $45 dólares por un cambio de dirección hasta $1.050 por llenar determinadas aplicaciones.

Una de las familias afectadas fue la de Ángela Guerrero, esposa de Ricardo quien viajó a México esperanzado en que con un papel dado por los Ochoa, obtendría la anhelada residencia permanente, y pudiera regresar a Estados Unidos para junto a su esposa, quien en ese entonces trabajaba como ayudante de enfermería en el hospital UNC y sus 4 hijos, pero viviendo de manera legal. Sin embargo, se llevó una gran sorpresa la llegar sin la debida preparación a la entrevista y acariciar la posibilidad de enfrentar un castigo hasta de 10 años sin volver al país por haber permanecido como indocumentado. En ese entonces, pagaron $1.400 dólares por la asistencia migratoria.

Hasta el cierre de esta edición no había sido posible contactar a la familia Guerrero.

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