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287G en tennessee, en las manos de la Corte Suprema

June 21, 2012

La Corte Suprema de Tennessee escucha argumentos a favor y en contra de la implementación del 287g

La Corte Suprema de Tennessee escucha argumentos a favor y en contra de la implementación del 287g

CHARLOTTE- La Corte Suprema de Tennessee escucha argumentos a favor y en contra de la implementación del 287g en una localidad del estado, mientras los inmigrantes ofrecen testimonios de las consecuencias negativas en la comunidad hispana.

Alexandra Vilchez

Los abogados del Southern Poverty Law Center (SPLC), National Immigration Project (NIP) y la firma local Elliott Ozment plantearon las razones por las que reclaman la cancelación del programa, que identifica a los indocumentados en la cárcel de Nashville, capital del estado, y que es administrado por la Oficina del Sheriff del Condado Davidson desde abril de 2007.

En enero de 2011, grupos proinmigrantes presentaron una demanda solicitando la cancelación del memorando de entendimiento con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) debido a las “limitadas obligaciones del alguacil” establecidas por una ley estatal.  “Legalmente, el sheriff de Davidson no puede ejercer funciones de inmigración por la disposición conocida como Metro Charter, ni tampoco establecer un contrato con ICE”, explicó a Efe Cristina Iturralde, abogada de SPLC.

Desde 1963, está vigente esa disposición, que quitó la mayo-ría de los poderes para vigilar el cumplimiento de las leyes a la oficina del alguacil de Davidson, y sólo otorgó a esa entidad el control de la cárcel de Nashville.  Esto se debió en parte a que hace cincuenta años, la ciudad de Nashville y el condado Davidson se consolidaron y formaron un único cuerpo de gobierno, cuyas decisiones son tomadas por el Consejo Metropolitano.

Posteriormente, en 1964, la Corte Suprema de Tennessee otorgó exclusivamente al Departamento de Policía del Área Metropolitana de Nashville la tarea de asegurarse que se cumplan las leyes en las calles de la ciudad. “También un mandato del Congreso federal impide a ICE instalar el 287g en comunidades donde el programa viola leyes locales y estatales.

El alguacil no puede sobrepasarse esta disposición”, apuntó a Efe Trina Realmuto de NIP. Más de 10.000 inmigrantes, la mayoría sin antecedentes criminales, han sido puestos a disposición de Inmigración para deporta-ción al amparo del programa, que fue explicado como una solución para “expulsar a criminales”.

Un reporte de SPLC descubrió que en el primer año de implementación del programa en Nashville el 80 % de los 3.000 inmigrantes deportados fueron arrestados por ofensas menores, entre ellas algunas de tránsito. Uno de los casos más evidentes fue el de Juana Villegas, quien el 3 de julio de 2008 y con 9 meses de embarazo, fue detenida por una falta de tránsito y trasladada a la cárcel de Davidson donde fue sometida a revisión por el 287g.

Dos días después, en el Hospital General de Nashville, atada de pies y manos, dio a luz a su hijo Gael, bajo la vigilancia de los alguaciles de Davidson.  La oficinal del sheriff Daron Hall tuvo que pagar 200.000 dólares al inmigrante para reparar los traumas sufridos por el trato propinado por sus agentes.

El testimonio de Villegas fue escuchado por un grupo de 140 personas, reunidas en la Iglesia Presbiteriana del centro de Nashville, horas antes que comenzara la sesión en la Corte Suprema de Tennessee y en un acto convocado por la Coalición de los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (TIRRC), el mayor grupo proinmigrante del estado. “Queremos que paren las detenciones de personas inocentes por parte de la Policía, que aquí en Nashville son lo mismo que Inmigración.

Están separando a familias y hay que hacer algo”, declaró a Efe Villegas, de origen mexicano. “Especialmente las mujeres están sufriendo mucho, no denuncian los abusos que soportan por miedo a la Policía”, resaltó la mujer de 36 años, que fundó el Comité de Mujeres de Nashville.

Por su parte Amelio Moreno, que lleva once años viviendo en Nashville, denunció el perfil racial que en su opinión la Policía local aplica a los hispanos para detenerlos en las calles “por     cualquier excusa y así deportarlos”.

“Estuve preso por una semana y conocí a al menos 30 personas que no tenían otra opción que aceptar la deportación. Eran padres de familia, algunos más jóvenes que yo, sin dinero para pagar la fianza, y llegaron a la cárcel por infracciones menores”, declaró a Efe Moreno, de 20 años.

Según Ramón Cisneros, editor del periódico local “La Campana”, el grupo caminó nueve cuadras por el centro de Nashville de manera pacífica, algunos atados con esposas de plástico, para protestar por el 287g y se reunieron en las inmediaciones de la sede de la Corte Suprema de Justicia. “La gente está decidida a pelear hasta el final y a no quedarse callada hasta ver que eliminen el 287g”, enfatizó Cisneros a Efe.

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